El pasado mes de marzo las redes locales recogieron una fotografía del abogado y escritor puertoplateño Ángel Lockward entrando en una van Toyota, que Tony Almonte, autor de la publicación describió como una Taho; Lockward volverá este lunes al Tribunal Unipersonal para responder las acusaciones de difamación e injuria que le imputa Marcus Wischenbart, dueño de Lifestyle, contenidas en una instancia judicial depositada por ante un tribunal civil de Puerto Plata en el 2018.
La diferencia se remonta a un viejo conflicto entre el propietario de Lifestyle y Costa Esmeralda, conforme al cual, Wischenbart cerró la calle de acceso con un portal metálico de 10 pies de altura, impidiendo el acceso de los propietarios y de las autoridades y, el control de los terrenos donde era el Club de Playa utilizado por LIFESTYLE, siendo propiedad de COSTA ESMERALDA, cuyo desalojo como abogado diligenció LOCKWARD, quien además recuperó otras propiedades en poder de LIFESTYLE, que usufructuaba sin pagar renta desde años atrás.
Si bien desde entonces las disputas han desaparecido y ambos proyectos se desarrollan sin mayores conflictos con un control común del acceso, MARCUS WISCHENBART no parece haber olvidado que esa pérdida de control se debió a las actuaciones judiciales de LOCKWARD.
Siguiendo esa línea interpuso tres querellas por difamación, alegando que LOCKWARD habría escrito en una instancia judicial que WISCHENBART, de profesión carnicero, había cumplido prisión en AUSTRIA por la venta de TIMESHARE, negocio de tiempo compartido que desarrolla en sus proyectos y que han sido fuente de cientos de quejas, muchas de las cuales representó la oficina de Lockward en esa fecha en la justicia y en PROCONSUMIDOR.
No obstante que, según todas las fuentes judiciales consultadas, los escritos ante los tribunales no generan difamación ni injuria, los abogados de LOCKWARD depositaron la sentencia condenatoria del austriaco que dispuso la pena cumplida por WISCHENBART, con el fin de alegar exceptio veritatis, la excepción de la verdad,
En el mismo escrito, LOCKWARD habría referido que una de las sociedades controladas por WISCHENBART no entregaba los impuestos que recolectaba de los clientes en sus contratos por ser una sociedad off shore, no registrada en el país y la DGII dispuso una investigación, luego del cual las empresas de WISCHENBART llegaron a un acuerdo con el Estado y pagaron una suma millonaria en impuestos en virtud de la Ley de Amnistía Fiscal, algo que tampoco se perdona.
Igualmente que las sociedades LIFESTYLE y sus relacionadas no disponían de licencias para la venta de energía usuarios no regulado, pues no eran concesionarias y tampoco existía la empresa de seguridad que empleaba para ese fin a cientos de personas que vestidas de negro infundían pánico entre empleados, propietarios y ciudadanos en general, encabezadas por un mexicano que luego fue desvinculado.
Este lunes deberá iniciarse inicialmente la fase de incidentes previo al conocimiento del fondo, si ninguno de los incidentes es acogido o resultan acumulados para fallar junto al fondo por el Juez.
Lo cierto es que la Península Costa Esmeralda, sus empresas y el pueblo en general están más tranquilos desde que la justicia sometió a control las actuaciones en esa área, aunque Lockward tenga que pagar el precio de haberlo logrado.
